Criterios de análisis y evaluación de proyectos en el gobierno de México

Felipe Soto • 14 de febrero de 2019
Foto: gob.mx/sct

La instauración de un nuevo régimen de gobierno a partir del 1º de julio de 2018 es el resultado de una larga marcha en contra del neoliberalismo en México. Los intentos de concientización política en repudio a este modelo datan de varios años atrás, cuando estudiosos de la economía y la sociedad vislumbraban ya las posibles consecuencias del abandono de las funciones estratégicas del Estado para entregarlas a los grupos representantes del interés privado.

 

La rectoría del Estado en el desarrollo del país

Por mandato constitucional, corresponde al Estado mexicano la rectoría del desarrollo nacional integral y sustentable, el fortalecimiento de la soberanía nacional y su régimen democrático. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Esta potestad, hasta principios de la década de los ochenta, se vino aplicando con criterios que en mayor o menor medida tenían la finalidad de beneficiar lo más posible a la sociedad en su conjunto; este cometido se llevó a cabo mediante la estructura administrativa del gobierno federal, de sus organismos descentralizados y de sus empresas paraestatales; las normas constitucionales limitaban una intervención directa de las empresas privadas nacionales y extranjeras en la conducción de la economía y, cuando más, solo influían en ella mediante acuerdos que no significaran una flagrante violación a los preceptos constitucionales, ya que esto pondría en riesgo su inversión.

 

La subordinación del Estado a la economía política neoliberal

En este contexto, no debe dejar de considerarse que desde los setenta ya se venía gestando, por parte del sector privado nacional, una fuerte corriente a favor de una disminución de la participación del Estado en la economía.Esta presión tuvo eco en los liderazgos de gobierno y consorcios privados extranjeros que urdían ya un nuevo modelo económico que, por una parte, contrarrestara la amenaza de los movimientos sociales nacionalistas que se hacían evidentes en varios países y, por otra, garantizara la permanencia en todo el mundo del modelo capitalista sustento de la riqueza de las grandes corporaciones internacionales.

En México tuvo repercusiones que finalmente se enfocaron en un cambio de paradigma en el papel del Estado y gobierno mexicanos en la década siguiente; esta modificación de la función del Estado Mexicano, que abandonó su responsabilidad para construir el destino del país en forma soberana y democrática en beneficio de todos, se vio respaldada por una estrategia mediática que desacreditaba al gobierno, descalificaba sus políticas públicas y la eficiencia de la empresas del Estado para ofrecer un destino mejor a los mexicanos. Para ello, se valió de la exacerbación de eventos críticos como la inflación, el problema de la deuda, la descapitalización del campo  y las políticas de subsidio a algunas actividades productivas estratégicas, que en otro momento no tendrían tanta relevancia mediática y que, de haber sido necesario, pudieron resolverse con los instrumentos vigentes; se prefirió entonces entregarse a manos de supuestos “técnicos de la economía” adiestrados en los EU, responsables de conducir al país a un capitalismo renovado, fortalecido por la eliminación de  las trabas al libre mercado de mercancías, a la inversión extranjera directa y a la libre movilidad del capital financiero; el resultado, un modelo concentrador de la riqueza, generador de mayor desigualdad y pobreza, así como depredador de los recursos naturales, entre otros aspectos, que se ha dado en llamar neoliberalismo, modelo impuesto, ajeno al interés de la nación mexicana y  que violó nuestra soberanía para decidir sobre la forma de conducir el desarrollo del país, favoreciendo a los pequeños grupos de poder económico y en contra de la mayoría de sus habitantes.

 

Los criterios de decisión para proyectos del sector público en el neoliberalismo mexicano

Siguiendo este modelo neoliberal, el gobierno federal privilegió la inversión pública en proyectos que beneficiaron a empresas privadas nacionales y extranjeras cuyo interés, de acuerdo con su razón de ser, está fincado en la racionalidad económica empresarial de mercado, es decir, se adoptaron criterios de decisión de los proyectos de obra pública como si se tratara de proyectos privados.

En este contexto, la obra y los servicios públicos se convirtieron en oportunidades de inversión para las empresas privadas nacionales e internacionales. Estas empresas, versadas en utilizar fuentes de financiamiento creadas por el propio sistema neoliberal, se fondean principalmente en el mercado bursátil y con fondos de inversión, por lo que, para atraer inversionistas, los estudios de factibilidad técnica, económica y financiera son falseados en aras de convencer a inversionistas en el mercado de bonos y acciones que se comercian en las bolsas de valores, sin importar que los proyectos no cumplan con las expectativas de rentabilidad financiera y menos de rentabilidad social.

Así, el gobierno neoliberal mexicano, en forma antidemocrática, emprendió esquemas de participación público-privada (PPP) en obras de infraestructura y servicios públicos (carreteras, obras portuarias, aeropuertos, etc.) o bien modificó la Constitución para excluir la cláusula de exclusividad del Estado en actividades estratégicas (hidrocarburos, energía eléctrica, petroquímica, telecomunicaciones, por ejemplo).

Se debe señalar que, en el esquema de la PPP en infraestructura pública, la iniciativa del proyecto, el diseño de la obra, la estimación de la inversión y parte del financiamiento son controlados por consorcios privados de acuerdo con sus intereses particulares, lo que minimiza la función del Estado y propicia que al final los resultados de los proyectos estén alejados del interés público en sus distintas dimensiones (económica, social, ambiental).

Además, el engaño y especulación respecto a la recuperación de la inversión repercute en el riesgo de que financieramente sean un fracaso; sin embargo, el costo de dicho fracaso termina siendo absorbido por el pueblo, ya que los funcionarios públicos y sus cófrades privados, quienes promovieron los negocios en proyectos del gobierno federal, no ponen ni arriesgan su dinero. Es pertinente señalar también que, como condición inherente para el funcionamiento de este modelo neoliberal, se prohijó un sistema inmoral y degradado por el contubernio entre funcionarios públicos apátridas y faltos de ética, con grupos privados nacionales y extranjeros; la corrupción y la impunidad se constituyeron como aglutinante del andamiaje de este sistema que prevaleció durante treinta años de neoliberalismo.

 

La lucha histórica por recuperar la función del Estado

La instauración de un nuevo régimen de gobierno a partir del 1º de julio de 2018 es el resultado de una larga marcha en contra del neoliberalismo en México. Los intentos de concientización política en repudio a este modelo datan de varios años atrás, cuando estudiosos de la economía y la sociedad vislumbraban ya las posibles consecuencias del abandono de las funciones estratégicas del Estado para entregarlas a los grupos representantes del interés privado.

A partir de los ochenta, algunos destacados investigadores, desde las instituciones de educación superior, prendían la alarma y proponían cautela en la adopción de los principios y el acatamiento de las condiciones que imponía un modelo que presagiaba la destrucción del país y que finalmente logró usurpar el poder del Estado para instaurar un régimen depredador, antidemocrático y antisocial, cuyos efectos perniciosos se hicieron más evidentes a partir de la década de 1990.

Sin embargo, la verdadera lucha contra el neoliberalismo y los esfuerzos de concientizar a la población del país respecto de los problemas que estaba generando este modelo se dieron a partir movilizaciones en la calle, principalmente poco antes de las elecciones de 2006, que tenían el propósito de impedir que siguiera gobernando ese régimen. Durante los seis años siguientes no se restableció la función del Estado como responsable de la conducción del desarrollo y el bienestar de los habitantes del país; al contrario, se siguió favoreciendo a unos pocos en detrimento de los muchos; surgieron nuevas evidencias de corrupción y contubernio con empresas privadas extranjeras y nacionales.

No obstante, se iniciaba el cambio en la conciencia colectiva, ya que como resultado del intento de recuperar la ruta del país, que se había perdido con el neoliberalismo, se hizo visible la inconformidad de la población en forma masiva y se continuó fortaleciendo la conciencia social y la protesta; se inició un movimiento popular – Movimiento de Regeneración Nacional- que mantuvo siempre el ideal de cambiar el rumbo de la historia de México.

La amenaza que significó este movimiento para el régimen neoliberal puso en alerta a la vieja guardia del partido que había gobernado durante setenta años y que pretendía ahora recuperar ese poder (PRI), aprovechando el descrédito del gobierno llamado de la “alternancia” (PAN). Pero el movimiento morenista ya había crecido y era necesario frenarlo a como diera lugar; por ello, en las elecciones de 2012 se desató una guerra mediática de gran magnitud, basada principalmente en denostar a quien se reconoció como el líder de dicho movimiento (AMLO). Se destinaron  grandes cantidades de dinero del gobierno y de las prerrogativas  de los partidos (PRI y PAN) para parar el ascenso al poder del movimiento que en sus estatutos se declaraba socialista.

 

Un Nuevo Proyecto de Nación en construcción y los fundamentos de la economía política

Frente a una economía política adoptada por los gobiernos neoliberales de los partidos PRI y PAN, en 2014 se institucionaliza como partido político el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, cuyos principios de economía política significan un cambio radical respecto a las últimas tres décadas. A diferencia de la economía política antinacional de los gobiernos corruptos neoliberales en México, la economía política de corte nacionalista y democrático adoptada e impulsada por este nuevo partido, a partir de la toma del poder público por el candidato de Morena, tiene como objetivo garantizar a todos los habitantes del país un vida digna, con derechos plenos; que se realice la justicia, se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios, así como acabar con la corrupción, la impunidad, el abuso del poder y el enriquecimiento ilimitado de unos cuantos, a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población.

En el contexto de esta nueva economía política la recuperación del Estado es esencial, ya que su propósito es convertirlo en el promotor del desarrollo político, económico y social del país y, por lo tanto, los Poderes de la Unión (legislativo, judicial, ejecutivo) no deben continuar al servicio de unos cuantos ni estar supeditados a intereses ajenos al de México; el objetivo fundamental del crecimiento económico se centra en mejorar las condiciones de vida de la gente.

En estas condiciones, cobra relevancia el control del Estado en sectores estratégicos: el energético como palanca del desarrollo, mediante proyectos para la construcción y operación de refinerías y para la extracción de gas que hagan viable dejar de comprar gasolinas y otros combustibles en el extranjero, así como crear empleos y reducir los costos de insumos en beneficio de las empresas del país; la industria eléctrica, operando a toda su capacidad las plantas hidroeléctricas con la finalidad de reducir la compra a precios elevadísimos de energía eléctrica a empresas extranjeras y acabar con el influyentismo, la corrupción y los  subsidios a cuenta del erario  público. También es parte de los nuevos propósitos impulsar los proyectos que promuevan el desarrollo regional, principalmente en el sureste y sur del territorio nacional, haciendo más equitativa la distribución del ingreso.

El dominio pleno de los proyectos del sector público por parte del Estado contempla acabar con la rentabilidad financiera sin contrapesos ni regulaciones que han propiciado desastres sociales y ambientales, auspiciados y sostenidos por la corrupción, que se concretan finalmente en costos sociales ignorados.

A diferencia de los proyectos de los gobiernos neoliberales, que solo son evaluados en términos monetarios y de rentabilidad financiera, como si se tratara de proyectos privados, los proyectos de las empresas del Estado, en sectores estratégicos, coherentes con su enfoque de una nueva economía política, pretenden costos y beneficios no solo monetarios sino también en otras distintas unidades que permitan evaluar los impactos en las condiciones de bienestar de los grupos de la población que, directa o indirectamente, positiva o negativamente, se ven  afectados como consecuencia de la realización de dichos proyectos. En otras palabras se trata de analizar y valorizar los proyectos con criterios de rentabilidad social, acordes con el propósito de que sean las empresas públicas y las dependencias del nuevo gobierno las que funcionen como palancas del desarrollo del país.

 

Las críticas a los proyectos estratégicos del nuevo régimen de gobierno

Los proyectos estratégicos del nuevo gobierno (2018-2024) están siendo duramente criticados por los grupos de interés político y económico que fueron desplazados de la toma de decisiones para decidir el destino de México y que habían estado actuando de acuerdo con el enfoque ideológico de un gobierno que desde los ochenta optó por el modelo neoliberal.

Como era de esperarse, las críticas a los proyectos estratégicos de un nuevo régimen nacionalista y democrático responden a la desesperada reacción de estos grupos que perdieron su posición para seguir detentando el poder de decidir el futuro del país, en función de un modelo neoliberal que les aseguraba continuar concentrando la riqueza en pocas manos del sector privado nacional  e internacional, así como a la imposibilidad que tienen ahora de seguir haciendo negocios turbios con un nuevo régimen que privilegia las acciones encaminadas a acabar, después de tres décadas, con la corrupción en el gobierno.

Quienes critican la viabilidad de los proyectos estratégicos del nuevo régimen lo hacen desde la óptica de los criterios que califican su conveniencia anteponiendo la rentabilidad financiera, como si se tratara de proyectos formulados y sujetos a la evaluación de una empresa del sector privado y no desde los principios del sector público, plasmados en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que privilegia el beneficio de la sociedad en su conjunto antes de cualquier otro.

Contradictoriamente, durante tres décadas a la mayoría de la población le pareció lógico (a algunos les sigue pareciendo) que los proyectos públicos fueran evaluados con criterios privados y no en función de sus beneficios netos para la sociedad en su conjunto, pero principalmente para los grupos menos favorecidos.

Esto se debe principalmente a la adopción de valores inculcados por las corrientes económicas centradas en la sobrestimación de la recuperación del capital público invertido, en el éxito personal fincado en el consumismo y en el dogmatismo del mercado, entre otros. Aunado a ello, la sociedad mexicana fue objeto -y sigue siendo- de campañas perfectamente organizadas desde el exterior y difundidas ampliamente por los medios de comunicación internos de desacreditación del Estado para cumplir eficazmente con la conducción del desarrollo del país y según las cuales, por lo tanto, éste debe dejar en manos del sector privado los lineamientos de la economía política, suponiendo que este sector “sí sabe cómo hacerlo”. La ausencia de una cultura política enfocada en la solidaridad y justicia social fortaleció la idea de que el modelo capitalista es el único que puede sacar al país de su rezago.

Afortunadamente, la sociedad, a raíz de los deplorables resultados después de treinta años, está tomando conciencia del engaño que significaron las promesas del modelo neoliberal; ya en 2015, cuando el gobierno todavía hablaba del éxito y perspectivas favorables de dicho modelo, la realidad lo contradecía.

 

La aplicación de nuevos criterios de análisis y evaluación de proyectos del sector público en el Nuevo Proyecto de Nación

Los criterios de análisis y evaluación exclusivamente de rentabilidad financiera utilizados en los gobiernos neoliberales que prevalecieron en las últimas tres décadas son incompatibles con el propósito de un nuevo enfoque de economía política y de nuevo proyecto de nación.  En virtud de ello, es conveniente difundir entre la sociedad que ahora los proyectos del gobierno parten del propósito de asignar los recursos públicos para el desarrollo del país en su conjunto, y que tienen como premisa fundamental promover el bienestar de la población.

Esto implica que los proyectos del nuevo gobierno se sustenten en metodologías basadas en el análisis multicausal de los problemas, en la formulación y evaluación de proyectos considerando beneficios multifactoriales (sociales, económicos, ambientales), en la planeación por objetivos, en el análisis multicriterio y en la evaluación de proyectos que privilegien los criterios de enfoque económico basados en el beneficio/costo.

Justificar la conveniencia de llevar a cabo los proyectos estratégicos con nuevos criterios no es una tarea sencilla. Las metodologías pertinentes no son una práctica consolidada, ya no digamos por funcionarios y analistas de la anterior administración que pudieran continuar en el nuevo gobierno, sino también por los que recién se incorporan a ésta.

Los programas para la formulación y evaluación de proyectos del sector público son relevantes no solo para justificar su realización, sino también para contar con los elementos suficientes para difundir en los medios masivos de comunicación los beneficios que éstos generan entre la población, para contrarrestar el embate de los detractores que perdieron el poder y hacen todo lo posible por desprestigiar al nuevo gobierno para regresar a sus privilegios y sistema de corrupción e impunidad.

Estos programas de información, capacitación y asistencia técnica deberían ser contemplados en todas las dependencias del gobierno federal, incluyendo el área de comunicación social, así como para asesorar en el tema a los representantes de Morena en el Congreso y a funcionarios de los gobiernos estatales y municipales de este mismo partido, además de contribuir en la preparación de consultas públicas que lleva a cabo el gobierno del cambio.

 

Notas
1 Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2 Esto no significa que la corrupción e impunidad no existiera en determinados actos de gobierno, pero el Estado seguía siendo el rector de la economía y del desarrollo del país.
3 Proyecto de Nación 2018-2024.

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