Hacia la educación que necesitamos los mexicanos

Los maestros y estudiantes desde la Sierra Norte de Puebla hasta las zonas residenciales de las grandes ciudades, pasando por las colonias periféricas y las escuelas rurales, serán evaluados con una medida única, como si éste fuera un país de una sola lengua, homogéneo. En lugar del camino hacia el fortalecimiento de nuestras múltiples identidades y de construir a partir de ellas un país de potencialidades diversas, se perfila un futuro educativo de una todavía más poderosa y avasalladora centralización de la educación.

Los  que nos manifestamos en contra de esta llamada reforma “educativa” somos cientos de miles de trabajadores de la educación de todos los estados del país, integrados en la CNTE.  Están representados en este movimiento los trabajadores de la educación de las ciudades y del campo, y las entidades federativas con más pobreza, explotación y violencia.  Nuestra presencia en cada  comunidad, pueblo y ciudad nos permite conocer la parte más problemática de la nación y la incapacidad que desde hace décadas tiene el Estado para ofrecer una educación digna a los niños y jóvenes. Somos los maestros a quienes el país ha encargado durante décadas la tarea siempre difícil de formar a millones de estudiantes, siempre con pocos recursos, con escuelas llenas  de carencias. Entre nosotros está gran parte de la población escolar que habla una lengua que no es el castellano, que deben trabajar desde pequeños, que llegan a clases sin desayunar y que tarde o temprano se verán obligados a abandonar la escuela. Pero también somos los maestros de la periferia de las poblaciones grandes y pequeñas del norte, de la península y del centro del país, de las colonias y barrios donde, vecinos a la prosperidad de las zonas privilegiadas, abundan los niños y jóvenes con muy poco futuro. Es la parte de México que los gobernantes prefieren ignorar y ante la que reaccionan con un gran enojo represivo cuando su gente se vuelve consciente y se organiza para protestar. Son los que –con su trabajo mal pagado– contribuyen a la acumulación de riqueza de un país que se precia de ser la décima cuarta potencia económica del mundo pero mantiene a millones en la pobreza.

Precisamente porque no pocos de los maestros que hoy nos manifestamos  provenimos de la parte olvidada de México, que está en todas las regiones del país, nuestra protesta no sólo tiene raíces  sociales muy profundas, sino que se nutre del conocimiento, de una constante discusión, de numerosos foros, conferencias, reuniones, encuentros, libros y materiales impresos que ahora circulan con gran profusión y que convierten a nuestro movimiento magisterial en un lugar de encuentro de ideas e incluso de maneras distintas de ver la educación.

Desde nuestra posición de maestros comprometidos con el país, reiteradamente hemos dicho que estamos en contra de esta reforma, porque lo único que ofrece son más exámenes estandarizados y todo un aparato de supervisión y vigilancia sobre las niñas y niños, los maestros y las escuelas. Porque no es una reforma que retome las grandes carencias y les ofrezca una respuesta más allá de medir. Nada les ofrece desde la educación que sirva para apoyar los esfuerzos personales y colectivos que hace una gran parte de los mexicanos por salir de la pobreza y la subordinación. Al contrario, es una reforma persecutoria que amenaza con despedir a miles de maestros y con seguir descalificando como insuficientes a millones de niños. Esta reforma no habla de rutas y propósitos capaces de convocar a familias, maestros y estudiantes a modificar el deplorable estado en que se encuentra desde hace décadas la educación nacional. Ofrece básicamente –aunque ahora como mandato constitucional y legal– las mismas estrategias que se anunciaron y que se han aplicado –sin éxito– desde 1992: medir, vigilar, estimular y, sobre todo ahora, castigar.

Los maestros hemos denunciado que la reforma “educativa” es la puerta de entrada a una etapa de supervisión y sanciones contra los maestros, lo que es confirmado ahora con las propuestas de norma para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y modificaciones a la Ley General de  Educación (LGE). Ahí aparece como una reforma profundamente autoritaria que fortalece la burocracia, el centralismo y la uniformidad, que establece una nube de controles y reglas en torno a la escuela y que se apoya en una evaluación formalista y vertical para perseguir maestros, pero incapaz de generar procesos de transformación. Es decir, una reforma administrativa y laboral que está muy lejos de ser educativa.

Proponemos una verdadera transformación educativa que arranque con un planteamiento desde el núcleo mismo del proceso educativo, que sea capaz de movilizar en torno suyo a los actores y fuerzas sociales  más importantes en la educación.

Proponemos una educación humanista que sustituya los valores del mercado por la práctica de valores universales; que recupere y coloque en primer plano el respeto y la ampliación del derecho humano a la educación, el fortalecimiento de la educación pública y un proceso educativo sólidamente arraigado en las necesidades del desarrollo de las personas y de sus comunidades y regiones.

Una educación fincada en la memoria histórica de nuestro pueblo, pero abierta a la cultura y el conocimiento universal, con una visión amplia de la ciencia y las humanidades. Una educación sólidamente anclada en la autonomía y la participación democrática, dentro y fuera del aula.

Es decir, un proceso educativo  que esté orientado a la formación de mujeres y hombres sabios, autónomos, críticos, solidarios, preocupados por el bienestar de todos y especialmente por el de su comunidad y familia. Una educación que no se finque en la separación clasista entre educación técnica y propedéutica, sino que integre ambas dimensiones en una  sola formación de alto nivel y amplios  horizontes. Se trata, además, de convertir el proceso educativo en un espacio de creatividad, exploración y participación, libre de rigideces y fincado en la curiosidad, el compromiso responsable  de maestros, estudiantes y de la comunidad; y en el interés y compromiso solidario de los niños y jóvenes por lo que ocurre a su alrededor. Por otro lado, se busca que esta educación esté disponible para todos los habitantes del país, por lejana y pequeña que sea su comunidad y por enorme que sea el número de aspirantes a las escuelas e instituciones en las ciudades. Y esta educación –creativa y para todos– es una responsabilidad de la sociedad que asume el Estado a través de la educación pública, gratuita y laica.

Para alcanzar un proceso educativo como el descrito, la ruta no es mediante una reforma administrativa y laboral como la que hoy está en la agenda gubernamental, sino que es necesario reforzar en el marco legal y en la Constitución lo que ya existe: que la educación debe ser para todos, en todos los niveles, y es necesario también recuperar en los planes y programas de estudio las lecciones pedagógicas antiguas y modernas que nos permitan ofrecer a niños y jóvenes una educación a profundidad, amplia y de alto nivel; en consecuencia, deben transformarse los libros de texto, manteniendo su gratuidad.

Se requiere además un planteamiento diferente en la relación entre la comunidad y la escuela a fin de que puedan generarse procesos de conocimiento desde la comunidad, con el apoyo de los colectivos escolares y con maestros específicamente dedicados a esta tarea en coordinación con los padres de familia.

Esto supone también un esfuerzo financiero del 12% del PIB para la educación [1] a fin de garantizar la ampliación de la infraestructura en educación, equipamiento y número de maestros en todos los niveles. Exigimos que todos los centros escolares del país cuenten con las condiciones óptimas materiales y humanas para desarrollar su labor.

Se requiere un planteamiento serio de actualización para los maestros en servicio en todos los niveles de educación. Se necesita un sistema nacional de bibliotecas presenciales y virtuales y acabar con el analfabetismo.

Demandamos al Gobierno Federal, a la Secretaría de Educación Pública, al Poder Legislativo y Judicial abrogar la reforma “educativa” (a los artículos 3º y 73 constitucionales) e iniciar en lo inmediato un debate nacional y popular sobre la situación de la educación pública y las medidas para realmente mejorarla y fortalecerla.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ratifica su compromiso de participar en el debate y en la construcción de propuestas viables y pertinentes para alcanzar la justicia social en nuestro país.

Proponemos una ruta con foros en escuelas, zonas escolares, regiones, estados y en el plano nacional, para propiciar una amplia consulta y participación de los maestros, estudiantes, padres de familia, investigadores y demás sectores de las comunidades.

La importancia de este planteamiento radica en que la mal llamada reforma “educativa” no surgió de un proceso de amplia participación y no puede llamarse democrática. Introducida como iniciativa presidencial el 10 de diciembre de 2012, fue aprobada apenas días después de manera sumamente apresurada, sin un debate parlamentario y por supuesto sin una consulta más amplia a la sociedad, grupos y personas interesadas. Autoritaria en su origen, la actual reforma ni siquiera intenta ser democrática en su orientación y contenidos. No tiene una propuesta pedagógica respecto de procesos educativos alternos orientados a la democracia, ni tampoco respecto de una forma de conducción escolar asentada en la participación de los actores escolares. Por lo contrario, es una modificación constitucional que, a juzgar por las propuestas de leyes reglamentarias, dibuja un perfil también autoritario, restrictivo y rígido al interior del proceso educativo.

En contraparte, planteamos la importancia de que la formación en conocimientos apunte a convertir a los estudiantes en verdaderos ciudadanos –conscientes  y preocupados por el interés general de la sociedad (art. 3º constitucional). En ese sentido, la escuela debe ser una comunidad que se desarrolle en un clima de libertad, en ausencia del miedo y normada por los acuerdos y lineamientos que en sus respectivos ámbitos construyan los estudiantes y maestros a nivel de aula, escuela y relación con la comunidad; acuerdos que favorezcan la formación de los estudiantes en el descubrimiento y el conocimiento de las dinámicas de responsabilidad y éticas ciudadanas, dentro y fuera de la escuela. Rechazamos la concepción de que la escuela debe copiar la estructura y clima de una empresa, porque se propone que debe estar a cargo de un carismático gerente que comanda a un grupo de empleados (maestros) y garantiza a sus clientes (estudiantes y padres de familia) un buen servicio (la “calidad”).

Rechazamos la concepción de que la educación es un ejercicio de subordinación donde el estudiante es sólo un alumno pasivo que recibe información y que luego debe dar cuenta de ella en un examen estandarizado. Estos rasgos muestran que la idea de “educación de calidad” en realidad es un proceso de educación mercantilizado y autoritario que subordina a estudiantes y profesores.

En contraposición, debemos comenzar a discutir cómo vamos a hacer que nuestra educación sea autónoma, de tal manera que nuestras escuelas tengan mayor libertad en el marco de una educación nacional; definir cómo deben ser los planes y programas, los contenidos y las prácticas pedagógicas dentro y fuera del aula, que permitan a nuestra educación responder a los rezagos, a las necesidades diversas de niños y jóvenes de decenas de culturas, del campo y de la ciudad, del norte, del centro y sur del país, desde Yucatán hasta Baja California; lograr una autonomía que permita dejar atrás la cultura de la uniformidad, de un solo libro de texto gratuito, de una misma evaluación para estudiantes y para docentes de todo el país. Debemos construir un marco nacional legal y educativo que sea capaz de arroparpropiciar –no limitar– la exuberante riqueza de expresiones culturales y educativas en niveles locales y regionales. No necesitamos tener lo que hoy vivimos: una autoridad federal y central cuya ocupación fundamental en estos días es rechazar las iniciativas de normatividad y el proyecto de la educación que surge desde las regiones y entidades federativas.

Esta autonomía no es sinónimo de que los gobiernos estatales y federal abandonen o disminuyan su responsabilidad en el financiamiento de la educación pública, como estipula el transitorio quinto, fracción III, inciso a de la reforma a los artículos 3º y 73 constitucionales: “Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órganos de gobierno que correspondan con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos…”

La CNTE demanda, para garantizar la equidad en la educación, la dotación de útiles escolares, uniformes y calzado, así como becas y la dotación de libros en todos los niveles educativos.

El actual intento de reforma de la educación atenta directamente contra lo que es este país: un mosaico de culturas, regiones, lenguas y economías distintas. Atenta también contra la definición que de nuestro país hace la Constitución cuando señala que “la nación mexicana tiene una composición pluricultural” (art. 4º). Para un país enorme y profundamente diverso, la reforma que se impone plantea un solo organismo (el Instituto Nacional de Evaluación Educativa) como el  gran vigilante, una “autoridad a nivel nacional, en materia de evaluación educativa” que –para prolongarse en una estructura aun más vertical y burocrática– será la cabeza de todo un “Sistema Nacional de Evaluación Educativa” (art. 6° de la propuesta de Ley INEE). Establece además, como algo constitucional en el país, “la medición” (art. 3º reformado), la forma más superficial, discriminatoria y uniformadora de evaluar. Con todo esto, los maestros y estudiantes desde la Sierra Norte de Puebla hasta las zonas residenciales de las grandes ciudades, pasando por las colonias periféricas y las escuelas rurales, serán evaluados con una medida única, como si éste fuera un país de una sola lengua, homogéneo y básicamente igualitario. En lugar del camino hacia el fortalecimiento de nuestras múltiples identidades y de construir a partir de ellas un país de potencialidades diversas, se perfila un futuro educativo de una todavía más poderosa y avasalladora centralización de la educación.

El nuevo marco legal que se propone para la educación refuerza esa tendencia al centralismo y el carácter único de la educación y de la evaluación cuando señalan que “las  entidades federativas mantendrán sus legislaciones acordes con esta ley” (art. 1º de la propuesta de LGSPD) –por cierto, una ley tan detallada que prácticamente no deja resquicio alguno para que se manifieste otra de las  características esenciales del país, esto es, su constitución en torno a un pacto de entidades soberanas: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior” (art. 40).

Las nuevas modificaciones que se impulsan eliminan facultades que todavía hoy tienen las entidades federativas, como por ejemplo la de realizar evaluaciones por su cuenta (propuesta de modificación al art. 29 de la LGE).

En contraparte, nosotros proponemos una evaluación distinta, de abajo hacia arriba. Una evaluación horizontal realizada desde las propias escuelas y comunidades, desarrollada como un ejercicio  dialógico a  nivel de cada zona, región y entidad federativa. Una evaluación que, al mismo tiempo que describa los problemas, analice los factores que los causan y los remedios que pueden darse, y recoja las experiencias exitosas de maestros y escuelas para mejorar la educación. A partir de estos procesos de evaluación que comprometen a estudiantes, maestros, escuelas, comunidades y autoridades con la definición y solución de la problemática local y regional es posible construir en el plano nacional y desde abajo políticas educativas ampliamente consensadas con los actores. Son procesos que sirven también para definir la amplitud, contenidos y también las formas que deben adoptar los programas de formación permanente del magisterio; permiten detectar además de manera tangible e inequívoca las insuficiencias en infraestructura y equipos, y servirán finalmente para recuperar ejemplos de iniciativas  concretas que de manera espontánea y sistemática han venido estableciendo grupos de escuelas, regiones y entidades federativas. Es indispensable, sin embargo, que estos procesos de evaluación sean apoyados con asesorías expertas y estudios descriptivos y de diagnóstico que permitan que desde otros ángulos de visión se analice la problemática de la educación y que así se fortalezcan aun más los procesos de mejora.

Estos procesos deben también ser apoyados por cambios constitucionales y legales que, al mismo tiempo de establecer los grandes propósitos de la educación y sus condiciones mínimas, creen un marco donde las regiones del país puedan expresar y responder a sus necesidades en el marco del federalismo, de una sola nación y, también, una sola pero diversa educación.

Una propuesta de evaluación y mejoramiento de la educación  como ésta, que involucra directa y sistemáticamente a los actores del proceso educativo y a padres de familia y comunidades, hace posible generar un dinamismo de participación y compromiso con el proyecto mucho más profundo que el que puede desatar un proceso autoritario, vertical, centrado en torno a las autoridades y con rasgos laborales persecutorios y represivos claramente en contra del artículo 123 constitucional. La poderosa fuerza de la participación real de los actores ha estado sistemáticamente ausente de las iniciativas y reformas verticales de las últimas décadas y ahora, una vez más, se pretende dejarla fuera.

Proponemos que en cada escuela se forme un Consejo de Evaluación electo por la comunidad, que considere diversos elementos, como las condiciones materiales del plantel, el trabajo docente, la carga administrativa, asistencia regular de alumnos, aprovechamiento académico, desempeño de las autoridades educativas, etc. Este modelo debe reproducirse en el ámbito estatal.

Necesitamos un salario digno y la garantía de contar con nuestro empleo, por eso demandamos que ningún trabajador de la educación debe ser despedido a consecuencia de la medición punitiva que hoy se nos quiere imponer; antes bien, exigimos implementar un programa de basificación masiva para los trabajadores de la educación que hoy cubren plazas temporales.

Una verdadera transformación educativa no debe dejar fuera a las instituciones formadoras de docentes. Estamos de acuerdo en generar una refundación de las escuelas normales para fortalecer su misión histórica. La discusión debe girar en torno a por lo menos tres ámbitos: ético, político y epistemológico. Ratificamos nuestra lucha por la defensa y fortalecimiento del normalismo mexicano. Demandamos la asignación de la plaza automática para todos los egresados de las escuelas normales públicas del país, quienes fueron acreditados por una institución formadora reconocida oficialmente y cuentan con el perfil y el derecho correspondiente.

La democracia no sólo debe pasar por el ámbito educativo y su conducción, también debe ofrecer a los maestros el derecho elemental de elegir libremente a sus representantes sindicales, negado durante décadas por el gobierno federal, gobiernos estatales y por la cúpula que ha secuestrado a nuestro sindicato. Demandamos la realización de Congresos Estatales y un Congreso Nacional para elegir a una representación por los maestros de base. Es impostergable la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Exigimos el cese de la represión administrativa, física, psicológica y penal en contra de cualquier militante de la CNTE, particularmente en contra de los compañeros del Estado de Guerrero. Asumimos plenamente las demandas de todos nuestros contingentes, así como de las organizaciones sociales, sindicales, campesinas y estudiantiles.

Con la fuerza de la movilización seguiremos reivindicando nuestro derecho, el de los padres de familia y estudiantes de todos los niveles a ser escuchados. Llamamos a un diálogo serio y responsable al gobierno federal y a los poderes Legislativo y Judicial que permita la solución a las legítimas demandas y reivindicaciones.

 

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS!

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

1° de mayo de 2013

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